Estado de bienestar y vivienda

En España, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curso 2021-2022 hubo 8.252.826 alumnos matriculados en centros de enseñanzas de régimen general (no universitarios). De este total, el 67% lo estaban en centros públicos, el 24,8% en centros concertados, y el restante 8,2% en centros privados. En el ámbito de la salud, según el Catálogo Nacional de Hospitales actualizado a 31 de diciembre de 2021, en España hay 832 hospitales con 158.567 camas. De este total, el 67,83% están en hospitales públicos, el 29,44% en privados y el restante 2,73% en otro tipo de centros (mutuas, organizaciones no gubernamentales). Estos datos de la distribución de la oferta de dos servicios básicos para el bienestar y la atención a la ciudadanía, me parecen relevantes para reflexionar sobre el llamado Estado del Bienestar. Este concepto significa, en síntesis, que el Estado (lo público) garantiza a los ciudadanos la prestación de servicios que se entienden básicos en nuestra sociedad. Eso no quiere decir que el sector privado no pueda también facilitarlos, pero siempre que cualquier ciudadano que no pueda acceder a esos servicios privados tenga asegurada la satisfacción de sus necesidades. 

 

En términos cuantitativos, los datos anteriores (servicios educativos no universitarios y hospitalarios) revelan que la oferta pública representa aproximadamente dos tercios de la total. No estoy en condiciones de valorar si este porcentaje es el adecuado para concluir que nuestro Estado del Bienestar funciona correctamente (habría además que introducir otros indicadores), pero sí me permite una conclusión evidente: el peso de la oferta pública en educación y salud es muy importante. También cabe afirmar que prácticamente nadie cuestiona explícitamente que el Estado deba ofrecer estos servicios en una proporción tan significativa, ni siquiera los más obstinados defensores de que debe ser el sector privado el que provea de la gran mayoría de bienes y servicios a la ciudadanía. Por el contrario, las actuaciones de los gobiernos tendentes al debilitamiento de la oferta pública (especialmente en sanidad) generan reacciones masivas de rechazo. 

 

La vivienda, al igual que la salud y la educación (o incluso más), también es una necesidad básica de la ciudadanía. Por tanto, parecería lógico que el Estado del Bienestar garantizara igualmente la satisfacción de las demandas habitacionales de la población. En la práctica esto habría de traducirse en que el sector público ofreciera viviendas en condiciones de acceso adecuadas y en número suficiente para satisfacer las necesidades habitacionales. Sin embargo, a diferencia de los servicios educativos o sanitarios, históricamente no ha sido así y tampoco ha estado asumido que deba serlo (aunque a causa de los altos precios de la vivienda empieza poco a poco a cambiar la mentalidad social al respecto). En un Estado del Bienestar ideal, todo ciudadano tendría acceso a una vivienda pública (en régimen de alquiler social), lo que no impediría naturalmente que el sector privado construyera y vendiera o alquilara viviendas. Una persona, al igual que ocurre en la sanidad o en la educación, debería poder optar entre vivir en una vivienda pública o adquirir otra en el mercado, bien porque desea unas prestaciones que no le ofrece el parque público o bien porque quiere ser propietario (aspiración muy mayoritaria entre los españoles, mucho más que en otros países europeos). 

 

Para alcanzar ese Estado del Bienestar ideal, no me extrañaría que el porcentaje de vivienda pública respecto de la total estuviera en niveles parecidos a los que hay en España en educación y sanidad. Desde luego, esa situación “ideal” es absolutamente inimaginable teniendo en cuenta la situación real del parque de viviendas actual. Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en España había en 2021 un total de 25.976.305 viviendas. Hay que tener en cuenta que ese total debe dividirse al menos en tres categorías: viviendas principales, de segunda residencia y vacías. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 había 18.754.800 viviendas principales, lo que supone el 72,46% del parque total de viviendas en ese año según datos del Ministerio. No es fácil conocer con fiabilidad la dimensión del parque de vivienda pública en España. En la exposición de motivos de la inminente Ley por el derecho a la vivienda, se afirma que el número total de viviendas públicas está en torno a las 290.000; esta cantidad supone un escaso 1,5% del total de viviendas principales, porcentaje absolutamente ridículo que nada tiene que ver con los que se obtienen en educación o en salud. 

 

Soy consciente, por supuesto, de que es impensable que el sector público español ofreciera vivienda pública en porcentajes similares a los de la educación o la sanidad. Si nos referimos a datos europeos, los porcentajes de vivienda pública en países de nuestro entorno, están por encima del 15% (diez veces superiores a los españoles), según se afirma en la citada exposición de motivos. La futura Ley plantea como objetivo llegar en 20 años al 20% de vivienda social, pero solo en las “áreas tensionadas” (lo cual tampoco parece muy creíble). 

 

Ciertamente, en materia de vivienda nuestro Estado del Bienestar ha fracasado estrepitosamente. Es evidente que lo que tendrían que hacer las administraciones (comunidades autónomas y ayuntamientos fundamentalmente) es ponerse manos a la obra, incrementar muy significativamente los recursos públicos para construir viviendas y, consiguientemente, aumentar la oferta de vivienda social. Esto, sin embargo, no se hace. En un próximo post estudiaré la evolución de la construcción de vivienda pública en Canarias y del peso de la inversión pública en la materia y su distribución por líneas de actuación. Ya adelanto que los resultados son deprimentes. 

 

En mi opinión, un factor relevante en el pobrísimo nivel de ejecución de vivienda pública en España es que, a diferencia de lo que ocurre en educación o salud, la sociedad no tiene asumido que el “derecho a la vivienda” debe ser garantizado por el Estado del Bienestar. De hecho, los grupos políticos de derechas de este país se manifiestan explícitamente en contra de que las administraciones públicas actúen directamente en el sector de la vivienda y este pensamiento neoliberal condiciona fuertemente los discursos de los partidos de izquierdas, haciendo que sus defensas de la actuación pública en materia de vivienda suenen muy poco convencidas en lo teórico y sean casi nulas en lo práctico. En resumen, hasta que no vaya calando en la conciencia social que el derecho a la vivienda debe ser también garantizado por el Estado del Bienestar difícilmente habrá mejoras significativas de la gravísima situación actual.