Hace ya dos años que el Gobierno de Canarias aprobó el Decreto-ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. En su exposición de motivos se decía que la emergencia habitacional en Canarias se debía fundamentalmente a “la falta de oferta suficiente, tanto de vivienda libre como de vivienda protegida, para atender una demanda en constante crecimiento”. A partir de ese diagnóstico, el Decreto-ley establecía una serie de medidas con el objetivo común de promover el incremento de la oferta de vivienda, especialmente la protegida.
