Campsa

En los años veinte del pasado siglo, a pesar de su evidente retraso respecto de los países occidentales, el consumo de petróleo en España se acrecentaba a pasos agigantados. En esos tiempos, el abastecimiento de petróleo a España lo cubrían apenas tres empresas: la estadounidense Standard Oil (50%), la angloholandesa Shell (35%) y la española Porto Pi (10%), propiedad del financiero Juan March, que tenía un contrato en exclusiva del petróleo ruso. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, muchos gobiernos se convencieron del valor estratégico del petróleo y la consiguiente necesidad de alcanzar un suficiente grado de autonomía. Ello se tradujo en actuaciones intervencionistas sobre el mercado – se asemejaba mucho a un oligopolio– y así Francia creó la Compagnie Francaise des Pétroles en 1924 y Mussolini la Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP) en 1926. 

 

En España, desde 1923, se vivía la Dictadura de Primo de Rivera. Como es frecuente en los militares, la formación económica del general no es que fuera muy sólido, más allá de vagos tópicos nacionalistas y desarrollistas. Pero en diciembre de 1925 fue nombrado ministro de Hacienda José Calvo Sotelo, hombre de ideas bastante más elaboradas. Su pensamiento aunaba postulados nacionalistas e intervencionistas con una firme defensa de la propiedad privada y de la austeridad, siendo su principal objetivo garantizar la independencia de la economía nacional. Ha de tenerse en cuenta que, para esas fechas –sobre todo tras la experiencia de la Gran Guerra– la ideología liberal no gozaba de altas cotas de popularidad y, por el contrario, se veía con buenos ojos la intervención del Estado en la economía. 

 

De modo que el 28 de junio de 1927 el Gobierno de la Dictadura aprobó el Real Decreto-Ley 1142 por el que estableció el monopolio de petróleos. Las razones que se esgrimen en la exposición de la norma son tanto fiscales como sociales, y se adelanta a las críticas de quienes abogan por la libertad de industria y comercio afirmando que tal libertad no existía ya que, en realidad, se vivía en régimen de monopolio a favor de unas pocas entidades privadas extranjeras, cuya confabulación, siempre posible y difícilmente reprimible en Derecho, podría causar gravísimos daños al consumidor y al propio Estado. El Real Decreto Ley estableció el monopolio estatal sobre la importación, manipulaciones industriales de todas clases, almacenaje, distribución y venta de los combustibles minerales líquidos y sus derivados en toda la Península y las Baleares, no así en Canarias ni en los territorios de soberanía española del Norte de África (aunque señalaba que podría extenderlo en el futuro). Pero, consciente Calvo Sotelo de que el Estado no era capaz de gestionar todas las actividades que monopolizaba, preveía que la misma sería concesionada mediante concurso a una compañía privada de capital social íntegramente español, con un 30% mínimo del Estado (que no había de desembolsar). 

 

En enero de 1928, mediante el Real Decreto 113, se suscribió el contrato de adjudicación (mediante concurso) del contrato para la administración del monopolio. A tal efecto, se había constituido una sociedad integrada por los bancos Urquijo, de Bilbao, Hispano-Americano, Herrero, de Vizcaya, Español de Crédito, de Cataluña, Hispano colonial y Marsáns. Algunas de estas entidades quebraron en los años treinta y otras fueron absorbidas o fusionadas en los años finales del XX y principios de este siglo en el proceso (que parece seguir abierto) de concentración bancaria en España. En todo caso, lo que es relevante es que el negocio petrolero en nuestro país fue encomendado desde entonces hasta supresión del monopolio al sector financiero y no, como habría parecido más lógico, a un grupo industrial. Hay que señalar, en todo caso, que la solución española del monopolio fue el caso más extremo de intervencionismo y, sobre todo, su permanencia durante un periodo tan largo (hasta 1993). 

 

La actividad de Campsa se orientó fundamentalmente a la obtención de productos refinados y su distribución (todas las gasolineras de la Península eran de la marca). En cambio, fue remisa a la construcción de refinerías, lo que supuso, en los primeros años del franquismo, relaciones tensas con los falangistas. De hecho, ese retraso en la actividad industrial de la compañía, llevó al Instituto Nacional de Industria (INI) a crear la empresa nacional Calvo Sotelo (ENCASO) con el objetivo específico de crear instalaciones de fabricación de hidrocarburos. ENCASO creó a su vez REPESA, de capital mixto público-privado y participación foránea, que en 1949 acometió la construcción de la refinería de Escombreras, en Cartagena. Luego vinieron otras (La Coruña en 1964, Tarragona en 1965, Puertollano en 1966 …) pero nunca ejecutadas por Campsa. 

 

En 1981, ya en la Transición, Campsa pasa a integrarse en el recién creado Instituto Nacional de Hidrocarburos, creado para concentrar la dispersa estructura empresarial con participación pública de cara a la futura entrada de España en la CEE. A poco de producirse el ingreso, se crea el grupo Repsol (por cierto, el nombre era el de una marca de aceite comercializada por REPESA) que, como es bien sabido, se sometió a un largo proceso de privatización que culminaría en 1997. En ese marco, Campsa –y el monopolio estatal sobre el petróleo– fue definitivamente disuelta en 1993, repartiéndose sus activos (las gasolineras, entre ellos) entre las principales petroleras que por entonces actuaban en el territorio español. En la actualidad REPSOL es una gran multinacional que opera en todo el mundo (más de 22.000 M€ de capital social, 2.500 M€ de beneficio neto en 2021 y 25.000 empleados), cuyos accionistas principales (25% del capital social) son Sacyr (empresa española de infraestructuras y construcciones), JP Morgan Chase (el mayor banco de EEUU), BlackRock (la gestora de activos más grande del mundo) y Amundi (otra gestora de activos, francesa y la mayor de Europa).