La refinería de Santa Cruz y el crecimiento de la ciudad

En junio de 2018 (hace seis años), el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el consejero delegado de CEPSA firmaron un acuerdo de Colaboración Público-Privada para el Plan Santa Cruz Verde 2030 por el que comprometían a cooperar para tratar de alcanzar los objetivos generales expresados en el documento. Vinieron las elecciones y Bermúdez perdió la alcaldía, aunque la recuperó en poco más de un año gracias a el transfuguismo de concejales de Ciudadanos. Pero, por lo que fuera, durante el pasado mandato municipal apenas se habló de este proyecto y mucho menos se adoptó medida alguna para ponerlo en marcha. En el actual, sin embargo, el Plan Santa Cruz Verde 2030 parece que quieres ser impulsado enérgicamente por el alcalde, al frente de una escueta mayoría gracias al pacto con el PP (14-13). En enero de este año, el Pleno del Cabildo aprobó una moción presentada por CC, PP y VOX mediante la cual instaban al Gobierno de Canarias a que suspendiera y modificara de los instrumentos de ordenación vigentes (Plan Insular y Plan General) de modo que se consigan los objetivos del Plan Santa Cruz 2030. Que yo sepa el Gobierno de Canarias no se ha pronunciado hasta la fecha. 

 

Lo cierto es que todos los dirigentes políticos con responsabilidades de gobierno se han manifestado a favor del proyecto, considerando, casi como una obviedad, que ejecutarlo solo traerá ventajas a la capital y a la Isla. Que la refinería debe desaparecer (de hecho, lleva ya tiempo desmantelándose una vez que dejó de funcionar en 2014), que los suelos deben descontaminarse y que los terrenos deben reconvertirse para usos acordes con la ciudad es algo que les parece fuera de toda duda. Ahora bien, esa reconversión del uso del suelo, ¿tiene que ser el proyecto Santa Cruz Verde 2030 según el acuerdo de 2018? 

 

 El documento de 2018, después de seis páginas de vaguedades que describen un nuevo barrio idílico de la capital (una ciudad más equilibrada y sostenible con un gran sistema de espacios libres, sustituyendo el actual uso industrial por otros de carácter residencial, turístico, comercial o, dotacional, o una combinación de ellos que complementen los usos recreativos existentes), contiene una última en la que constan los escasos datos urbanísticos que han acordado las partes. Yendo a lo que aquí importa, el acuerdo fija un aprovechamiento lucrativo de 1,1 m2c/m2s, lo que supone aproximadamente 640.000 m2 de superficie edificable privada. Suponiendo que tres cuartas partes de la misma se destinarán a uso residencial, la capacidad del nuevo barrio chicharrero estará en torno a las 4.800 viviendas o unos 14.000 habitantes; un 7% de incremento de la población municipal. 

 

Habrá quien diga que no son cifras excesivas, incluso razonables. Al fin y al cabo, Santa Cruz tiene que crecer y no tiene suelo. No es verdad: Santa Cruz cuenta con suelo residencial más que suficiente. El Avance del Plan General, que desclasifica algunos sectores urbanizables del planeamiento hoy vigente, estima una capacidad residencial en suelos urbanizables y urbanos no consolidados (sin contar los solares en suelo urbano consolidado ni los terrenos de la Refinería) en 14.100 nuevas viviendas, un 15% del parque inmobiliario del municipio. Pero hay más: si consideramos las viviendas vacías y las que pueden construirse en el suelo urbano consolidado, fácilmente se superarían las 22.000 viviendas (sin urbanizar nuevos terrenos). Es decir, la capacidad de crecimiento del municipio puede estimarse en torno a los 80.000 nuevos residentes sin necesidad de ninguna vivienda más en el espacio de la Refinería. 

 

Así pues, no es cierto que Santa Cruz no puede crecer si no es en la Refinería. Negado este argumento (que se asume como una obviedad sin ninguna reflexión), habría que preguntarse por qué tiene que crecer. El término municipal no es más que una división artificial de la unidad real –desde todo punto de vista– que es la Isla. El crecimiento residencial de Tenerife, si es necesario, debería ocupar aquellos suelos más idóneos, sin que haya ninguna razón lógica para que cada municipio tenga su “cuota”. No existe ningún “derecho” municipal al crecimiento demográfico y mucho menos en una isla cuyo funcionamiento muy poco tiene que ver con las fronteras administrativas. Hablar de las “necesidades” de crecimiento de Santa Cruz es sencillamente absurdo cuando el mercado inmobiliario es conjunto para el área metropolitana (que es cada vez mayor). 

 

Por tanto, la cuestión central –a la que debe supeditarse la de la Refinería– es si la Isla en su globalidad (o, si se quiere, por sus grandes unidades geográficas), debe seguir creciendo. En mis dos posts anteriores ya defendí que había que frenar el crecimiento (no solo el turístico), que había sobradas muestras de que en Canarias y en Tenerife en especial estábamos muy por encima de la capacidad de carga, se calculara desde cualquiera de las ópticas posibles, que seguir así nos llevaba ineludiblemente a una debacle difícilmente inimaginable. También reconocía que soy muy pesimista, que apenas albergo esperanzas de que el sentido común se imponga para rectificar un rumbo que solo cabe calificar de suicida. Aun así, me agarro a cualquier atisbo; por ejemplo, la amplia entrevista al presidente del Gobierno de Canarias que hoy publica La Provincia. En ella, Clavijo dice que nuestro territorio, nuestras infraestructuras (y hay unos puntos suspensivos para seguir añadiendo) no soportan el crecimiento que estamos sufriendo desde hace años; dice que la realidad que tenemos es insostenible. De las palabras del presidente necesariamente se deduce que asume la necesidad de tomar medidas para revertir esta locura. Habrá que esperar y ver. 

 

En este marco, ¿tiene sentido convertir los terrenos de la refinería en un nuevo barrio residencial de Santa Cruz? La respuesta es obvia. Sin embargo, quienes aplaudirán el diagnóstico de Clavijo no se darán por aludidos en sus proyectos concretos. Hoy mismo, en la portada de Diario de Avisos, el alcalde de Santa Cruz afirma que “Canarias no puede permitirse seguir creciendo como en los últimos 20 años” y que hay que limitar la llegada de nuevos residentes. Estas sensatas declaraciones deben parecerle a Bermúdez plenamente compatibles con meter 14.000 nuevos residentes en los terrenos de la Refinería (los cuales, dicho de paso, ya aseguro que no serán demandantes de vivienda asequible). A estas alturas, el compromiso y credibilidad de nuestros dirigentes ya no se soporta solo en declaraciones; ha de expresarse en decisiones concretas y congruentes con lo que predican. 

 

Pero entonces, ¿qué hay que hacer con la Refinería? Desde luego, urbanizar esos terrenos para incorporarlos a la ciudad, pero sin capacidad alojativa (ni residencial ni turística). Ya trataré sobre este asunto en próximos posts. ¿Es eso viable? Por supuesto que sí, pero no respetando la voluntad de la empresa propietaria que lo único que quiere es un negocio inmobiliario (también hablaré de ello en un próximo post). Al final, como suele ocurrir, estamos ante un conflicto entre el interés público y el privado con, a mi juicio, difíciles soluciones de consenso. Estemos atentos a los acontecimientos.