Según el estudio “Distribución y concentración del alojamiento turístico en Canarias” presentado en enero de 2024 por el Observatorio Turístico de Canarias y elaborado a partir del análisis del registro oficial de viviendas vacacionales, a finales de 2023 Canarias contaba con 251.308 plazas en hoteles, 98.042 en apartamentos y 195.994 en vivienda vacacional, lo que da un total de 545.344 plazas alojativas. Es decir, el 34,63% de nuestra oferta alojativa se dispone en la actualidad en viviendas vacacionales, porcentaje que, sin duda, es sorprendentemente alto.
Según el ISTAC, en los hoteles y apartamentos canarios se alojaron 13.564.375 viajeros durante 2023, que corresponden a 95.711.755 pernoctaciones (7,056 noches de estancia media). Si todos los hoteles y apartamentos estuvieran ocupados a tope todos los días del año, el número (teórico) de pernoctaciones en 2023 habría sido de 135.069.345. El cociente entre las pernoctaciones reales y las teóricas es la tasa media de ocupación que resulta del 70,86%, congruente con los datos aportados en las estadísticas oficiales.
El cálculo anterior viene a apuntar que los viajeros que se alojan en las viviendas vacacionales no están siendo contados por el ISTAC. Si lo fueran, las pernoctaciones teóricas de toda la oferta alojativa canaria (545.334 plazas) serían 199.046.910, por lo que para convertirlas en las pernoctaciones reales (95.711.755), la tasa media de ocupación habría tenido que ser del 48%, lo que no cuadra con los datos oficiales.
Ahora bien, si es como creo, resultaría que, aplicando los mismos valores de tasas medias de ocupación y estancia media que en la oferta convencional, en 2023 las viviendas vacacionales canarias acogieron 50.692.549 pernoctaciones y 7.184.204 turistas. No son, desde luego, cifras irrelevantes; significaría que a Canarias no vienen trece millones y medio de turistas al año, sino casi veintiuno; y que, por término medio, cada día hay en Canarias unos 400.000 turistas en una población residente de 2.200.000 personas (1 turistas cada 5,5 residentes).
Desde hace ya varios años se viene planteando la necesidad de establecer la capacidad de acogida de los territorios insulares y adoptar medidas de contención de la población (residente y visitante) en Canarias. Sin embargo, no se ha hecho nada al respecto, incumpliendo exigencias legales y yendo contra lo que aconseja un mínimo de sentido común. Revisar la evolución de las cifras de residentes y visitantes durante estos últimos veinte años lleva necesariamente a preocuparse.
En 2003 –cuando se aprobaron las Directrices de Turismo que impusieron determinar la capacidad de carga turística en cada isla– la población del archipiélago era de 1.800.000 personas; en 20 años hemos crecido en 400.000 personas, lo que supone un incremento del 22%, equivalente a una tasa media anual de poco más del 1%. El número medio de turistas diarios en Canarias ha pasado de unos 126.000 en 2003 (algo más de 46 millones de pernoctaciones) a 400.000, contando los alojados en viviendas vacacionales. Es decir, en 2003 el archipiélago soportaba diariamente 1.926.000 personas y en 2023 la cifra ha aumentado a 2.600.000, nada menos que un 35%, lo cual es, desde cualquier punto de vista, una barbaridad.
Como se comprueba fácilmente de los análisis numéricos realizados, el componente más relevante del tremendo incremento de la presión humana sobre la capacidad de acogida del territorio canario (en especial, sobre sus recursos) es la vivienda vacacional. El crecimiento de esta modalidad de oferta alojativa (que, además, no conocemos con la misma precisión que el de la convencional) tiene el inconveniente de que, en la actualidad, no está sometido prácticamente a ningún control. Depende solo de la voluntad del propietario de poner en explotación turística su vivienda (o, como he comentado en el post anterior, su apartamento turístico que desliga de la unidad de explotación), con el agravante que los más que probables incumplimientos de los requisitos legales (basta con la declaración responsable) no son detectados ante la escasísima actividad inspectora.
Si –como creo que es evidente– hay indicios de sobra para suponer que Canarias sufre una presión humana excesiva en relación a su capacidad de acogida, un principio elemental de prudencia nos habría de obligar a limitar radicalmente la aparición de nuevas viviendas vacacionales, e incluso a intentar la reducción del número de las existentes. Hay más motivos que apuntan a esta misma conclusión, pero creo que el principal e indiscutible es el desmesurado efecto que el crecimiento de esta modalidad de oferta alojativa sobre la capacidad de carga de las Islas.
En 2003 –cuando se aprobaron las Directrices de Turismo que impusieron determinar la capacidad de carga turística en cada isla– la población del archipiélago era de 1.800.000 personas; en 20 años hemos crecido en 400.000 personas, lo que supone un incremento del 22%, equivalente a una tasa media anual de poco más del 1%. El número medio de turistas diarios en Canarias ha pasado de unos 126.000 en 2003 (algo más de 46 millones de pernoctaciones) a 400.000, contando los alojados en viviendas vacacionales. Es decir, en 2003 el archipiélago soportaba diariamente 1.926.000 personas y en 2023 la cifra ha aumentado a 2.600.000, nada menos que un 35%, lo cual es, desde cualquier punto de vista, una barbaridad.
Como se comprueba fácilmente de los análisis numéricos realizados, el componente más relevante del tremendo incremento de la presión humana sobre la capacidad de acogida del territorio canario (en especial, sobre sus recursos) es la vivienda vacacional. El crecimiento de esta modalidad de oferta alojativa (que, además, no conocemos con la misma precisión que el de la convencional) tiene el inconveniente de que, en la actualidad, no está sometido prácticamente a ningún control. Depende solo de la voluntad del propietario de poner en explotación turística su vivienda (o, como he comentado en el post anterior, su apartamento turístico que desliga de la unidad de explotación), con el agravante que los más que probables incumplimientos de los requisitos legales (basta con la declaración responsable) no son detectados ante la escasísima actividad inspectora.
Si –como creo que es evidente– hay indicios de sobra para suponer que Canarias sufre una presión humana excesiva en relación a su capacidad de acogida, un principio elemental de prudencia nos habría de obligar a limitar radicalmente la aparición de nuevas viviendas vacacionales, e incluso a intentar la reducción del número de las existentes. Hay más motivos que apuntan a esta misma conclusión, pero creo que el principal e indiscutible es el desmesurado efecto que el crecimiento de esta modalidad de oferta alojativa sobre la capacidad de carga de las Islas.
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