En una isla imaginaria un político imaginario llegó a la presidencia. Esa pequeña isla estaba superpoblada y colapsadas la mayoría de las infraestructuras que daban servicio a sus habitantes (agua, saneamiento, electricidad, carreteras). El presidente, en su primera rueda de prensa, declaró: “Toda infraestructura tiene una capacidad de carga. En una carretera, por ejemplo, pueden circular simultáneamente un determinado número de coches. Asumimos con naturalidad que en un local de espectáculos no pueden admitirse más personas que las de su aforo máximo, pero esa regla no la aplicamos a nuestras infraestructuras. Pues bien, dada la situación de sobresaturación de éstas, ha llegado el momento de hacerlo”.
El presidente, para asombro e indignación de los ciudadanos, se puso enseguida manos a la obra. Decidió empezar precisamente por los viarios de la isla, ya que los permanentes atascos eran el síntoma más agudamente percibido del colapso de las infraestructuras públicas. Su consejero de Movilidad dejó muy pronto claro que la postura del Gobierno era contraria a aumentar la capacidad de las carreteras. “Ampliar las carreteras solo contribuye a incrementar el número de coches en un bucle sin fin. Además, en esta isla ya no hay espacio para más viarios. Se harán solo las obras mínimas imprescindibles”.
Al mismo tiempo, el Presidente aseguró que era prioridad de su Gobierno garantizar el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos. Ahora bien, añadió, ello no equivalía al derecho a desplazarse en vehículo privado. Admitir este presunto derecho significaba negar el derecho a la movilidad sostenible y universal de la ciudadanía. Así pues, concluyó, las medidas que vamos a adoptar irán dirigidas a fomentar el transporte público y, paralelamente, dificultar la movilidad privada. Tratar de compatibilizar ambas posibilidades es contradictorio y, por tanto, imposible.
La primera medida del Gobierno fue la adquisición de un gran número de guaguas, incrementando notablemente la flota de la empresa pública de transportes. En paralelo, se elaboró un plan de nuevo diseño de rutas, urbanas e interurbanas, que aseguraran el acceso cercano de la gran mayoría de la población a las paradas. Para que la movilidad pública funcionase era imprescindible que las guaguas contasen con carriles exclusivos. De tal modo, en el primer año de gobierno se adaptaron todos los viarios de la isla en congruencia con el nuevo plan de movilidad.
La isla contaba con un viario principal que la circunvalaba (si bien requería en algunos tramos obras de ampliación y mejora que se contemplaron en los programas de inversión de la Consejería). En este anillo insular se reservó un carril por sentido exclusivo para el transporte público. Además, adyacentes a cada parada se acondicionaron amplios espacios de estacionamiento, a fin de que los vecinos del entorno llegaran hasta ellos en sus coches y los aparcaran (gratis) para subirse a la guagua. Naturalmente, la reducción de los carriles de coches en las autopistas implicaba mayores atascos para quienes insistían en seguir usándolos, que veían cómo las guaguas circulaban fluidamente.
En los principales núcleos urbanos se acometieron varias y coordinadas acciones que cambiaron radicalmente el aspecto y uso de las ciudades. En los principales ejes viarios (los que en los planes urbanísticos se denominaban sistemas generales) se reservaron, como en las autopistas, carriles exclusivos para guaguas. Se limitó el aparcamiento en las calles a un máximo de una hora para los no residentes de cada barrio, de modo que los que accedían en vehículo privado sabían de antemano que les iba a ser prácticamente imposible dejar el coche (salvo en parkings de pago). Se peatonalizaron casi todas las calles estrechas, en las que solo podían entrar en vehículo quienes dispusieran de una plaza de garaje. Con estas y otras medidas se logró, de un lado, disuadir del acceso en coche a las ciudades, pero, sobre todo, humanizarlas, devolver el espacio público al uso ciudadano.
Durante los primeros años de la “transición” se adoptó también una medida bastante polémica, apoyándose en tecnologías informáticas. Tanto las entradas de los principales núcleos urbanos como los accesos a las autopistas se bloqueaban cuando la capacidad de carga del viario superaba los límites aceptables. En esos momentos (que a medida que se avanzaba en la implementación del plan de movilidad iban siendo menos), quien llegaba en su coche particular se veía obligado a dar la vuelta.
Como era previsible, estas medidas fueron muy contestadas por la población de la isla. Multitud de ciudadanos sintieron que se les estaba negando lo que casi consideraban un derecho fundamental. Se convocaron muchas manifestaciones y los partidos de la oposición a punto estuvieron de lograr el consenso suficiente para promover una moción de censura. En contra de todos los pronósticos de los politólogos locales, el presidente aguantó el tirón y mantuvo con tesón y energía la continuidad de sus acciones, a un ritmo nunca visto hasta entonces. De tal modo, en relativamente poco tiempo (antes de que acabara esa legislatura), hasta los más enconados opositores tuvieron que reconocer, siquiera a regañadientes, que la movilidad insular estaba mejorando ostensiblemente.
Llegaron las elecciones. La situación de la isla había cambiado mucho, aunque ciertamente faltaban muchas cosas por hacer. El presidente se presentó proponiendo continuar el plan y extender los mismos criterios de sostenibilidad a las restantes infraestructuras. Habló también de discutir la capacidad de acogida de la isla y, en base a ella, afrontar las políticas públicas (sanidad, vivienda, turismo). Varios partidos se le enfrentaron en la campaña argumentando que se estaba atacando el principio básico de la libertad económica desde una visión descaradamente intervencionista del sector público. Sin embargo, más allá de estas proclamas genéricas, pocos plantearon medidas concretas o defendieron la reversión de las actuaciones realizadas. La noche electoral, la población de la isla estuvo más que nunca pendiente de los resultados.
Al mismo tiempo, el Presidente aseguró que era prioridad de su Gobierno garantizar el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos. Ahora bien, añadió, ello no equivalía al derecho a desplazarse en vehículo privado. Admitir este presunto derecho significaba negar el derecho a la movilidad sostenible y universal de la ciudadanía. Así pues, concluyó, las medidas que vamos a adoptar irán dirigidas a fomentar el transporte público y, paralelamente, dificultar la movilidad privada. Tratar de compatibilizar ambas posibilidades es contradictorio y, por tanto, imposible.
La primera medida del Gobierno fue la adquisición de un gran número de guaguas, incrementando notablemente la flota de la empresa pública de transportes. En paralelo, se elaboró un plan de nuevo diseño de rutas, urbanas e interurbanas, que aseguraran el acceso cercano de la gran mayoría de la población a las paradas. Para que la movilidad pública funcionase era imprescindible que las guaguas contasen con carriles exclusivos. De tal modo, en el primer año de gobierno se adaptaron todos los viarios de la isla en congruencia con el nuevo plan de movilidad.
La isla contaba con un viario principal que la circunvalaba (si bien requería en algunos tramos obras de ampliación y mejora que se contemplaron en los programas de inversión de la Consejería). En este anillo insular se reservó un carril por sentido exclusivo para el transporte público. Además, adyacentes a cada parada se acondicionaron amplios espacios de estacionamiento, a fin de que los vecinos del entorno llegaran hasta ellos en sus coches y los aparcaran (gratis) para subirse a la guagua. Naturalmente, la reducción de los carriles de coches en las autopistas implicaba mayores atascos para quienes insistían en seguir usándolos, que veían cómo las guaguas circulaban fluidamente.
En los principales núcleos urbanos se acometieron varias y coordinadas acciones que cambiaron radicalmente el aspecto y uso de las ciudades. En los principales ejes viarios (los que en los planes urbanísticos se denominaban sistemas generales) se reservaron, como en las autopistas, carriles exclusivos para guaguas. Se limitó el aparcamiento en las calles a un máximo de una hora para los no residentes de cada barrio, de modo que los que accedían en vehículo privado sabían de antemano que les iba a ser prácticamente imposible dejar el coche (salvo en parkings de pago). Se peatonalizaron casi todas las calles estrechas, en las que solo podían entrar en vehículo quienes dispusieran de una plaza de garaje. Con estas y otras medidas se logró, de un lado, disuadir del acceso en coche a las ciudades, pero, sobre todo, humanizarlas, devolver el espacio público al uso ciudadano.
Durante los primeros años de la “transición” se adoptó también una medida bastante polémica, apoyándose en tecnologías informáticas. Tanto las entradas de los principales núcleos urbanos como los accesos a las autopistas se bloqueaban cuando la capacidad de carga del viario superaba los límites aceptables. En esos momentos (que a medida que se avanzaba en la implementación del plan de movilidad iban siendo menos), quien llegaba en su coche particular se veía obligado a dar la vuelta.
Como era previsible, estas medidas fueron muy contestadas por la población de la isla. Multitud de ciudadanos sintieron que se les estaba negando lo que casi consideraban un derecho fundamental. Se convocaron muchas manifestaciones y los partidos de la oposición a punto estuvieron de lograr el consenso suficiente para promover una moción de censura. En contra de todos los pronósticos de los politólogos locales, el presidente aguantó el tirón y mantuvo con tesón y energía la continuidad de sus acciones, a un ritmo nunca visto hasta entonces. De tal modo, en relativamente poco tiempo (antes de que acabara esa legislatura), hasta los más enconados opositores tuvieron que reconocer, siquiera a regañadientes, que la movilidad insular estaba mejorando ostensiblemente.
Llegaron las elecciones. La situación de la isla había cambiado mucho, aunque ciertamente faltaban muchas cosas por hacer. El presidente se presentó proponiendo continuar el plan y extender los mismos criterios de sostenibilidad a las restantes infraestructuras. Habló también de discutir la capacidad de acogida de la isla y, en base a ella, afrontar las políticas públicas (sanidad, vivienda, turismo). Varios partidos se le enfrentaron en la campaña argumentando que se estaba atacando el principio básico de la libertad económica desde una visión descaradamente intervencionista del sector público. Sin embargo, más allá de estas proclamas genéricas, pocos plantearon medidas concretas o defendieron la reversión de las actuaciones realizadas. La noche electoral, la población de la isla estuvo más que nunca pendiente de los resultados.
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