Pretendo a continuación repasar brevemente el comportamiento de los distintos actores intervinientes en este asunto del hotel de La Tejita.
En el primer y más relevante lugar la asociación Salvar La Tejita (SLT), que mantuvo (y sigue manteniendo) un constante e intenso esfuerzo, materializado en varias iniciativas en los ámbitos administrativo y judicial, pero también de activismo real (manifestaciones, huelgas de hambre, obstaculización de las obras, etc). Gracias a esa loable perseverancia, SLT consiguió convertir la oposición al hotel de La Tejita en un símbolo de la lucha contra un modelo turístico que se denunciaba como depredador del medio ambiente, movido solo por intereses especulativos contrarios a los de la población canaria. Este discurso ha encontrado amplio eco en los medios de comunicación locales y el apoyo de gran parte de los tinerfeños, como prueba la rapidez con que enseguida se consiguió un gran número de adhesiones (en la plataforma change.org que, a la fecha, cuenta con más de 160.000 firmas) y alcanzó su mayor expresión en la manifestación del 20 de abril de 2024. En el ámbito político, los ecologistas contaron desde el inicio con el apoyo de Sí Podemos; el resto de partidos ha mantenido una actitud tibia (e hipócrita), atentos tan solo a la evolución del apoyo popular y los posibles efectos del “caso La Tejita” en los resultados electorales.
El siguiente de los actores es, claro, el ayuntamiento de Granadilla, que fue el que concedió la licencia de obras. La tramitación del expediente empezó cuando todavía era alcalde, si bien en minoría, Jaime González Cejas, del PSOE. En septiembre de 2015, Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos (que sumaban 11 concejales de 21) presentaron una moción de censura argumentando la parálisis e inestabilidad del ayuntamiento producida por las imputaciones al alcalde y concejales del PSOE, como resultado de la cual pasó a ser alcalde José Domingo Regalado, de CC, partido en el cual recayó también la concejalía de urbanismo. Fue por tanto el equipo de gobierno CC-PP el que concedió las dos licencias a la promotora y el que solicitó a Costas, en febrero de 2019, que no se revisara el deslinde. Después de las elecciones de 2019 se mantuvo el pacto y siguió el mismo alcalde, sin que durante este periodo el ayuntamiento hiciera nada relevante en relación al hotel. Tras las elecciones de 2023, la alcaldía pasó a Jennifer Miranda, del PSOE, gracias al apoyo de los dos concejales del PP, quienes incumplieron las instrucciones de su partido que pretendía darle el gobierno a CC con el apoyo añadido de VOX. La nueva alcaldesa se ha manifestado en contra del hotel, bien es cierto que cuando éste ya se había convertido en uno de lo símbolos de la contestación ciudadana y también cuando las sentencias judiciales avalaban la continuación de las obras. En los primeros meses de este año declaró que la empresa estaba receptiva a llegar a un acuerdo y propuso públicamente que el Gobierno de Canarias negociara la adquisición de la parcela, iniciativa que había ya planteado el anterior gobierno “de progreso”, pero que no había podido culminarse.
En cuanto al Cabildo, su participación en este asunto ha sido mínima. En el periodo 2015-2019 (presidencia de Carlos Alonso en coalición con el PSOE), Podemos preguntó en el Pleno ordinario del 29 de enero de 2016 cuál era la posición del área de Medio Ambiente sobre el hotel que se pretendía construir. El consejero Valbuena contestó que la parcela estaba en suelo urbano consolidado y fuera del espacio natural y que, por tanto, el área de Medio Ambiente del Cabildo no tenía nada que informar. En el siguiente mandato (2019-2023), bajo la presidencia de Pedro Martín (PSOE), el Pleno extraordinario de 29 de enero de 2016 aprobó por unanimidad una moción del grupo Sí Podemos relativa a la protección del entorno natural de La Tejita. La intención de Sí Podemos era que el Cabildo se posicionara en contra del hotel, pero para lograr el consenso hubo de contentarse con una declaración demasiado genérica. De hecho, en mayo de 2021, cuando estaba a punto de finalizar la anterior etapa de gobierno (y también su presencia en el Cabildo), Sí Podemos instó a la Corporación a que intermediara urgentemente para paralizar la obra, en cumplimiento de ese acuerdo institucional; por supuesto, el Cabildo no hizo nada. En el actual mandato (CC en coalición con PP), la presidenta Rosa Dávila manifestó el pasado abril que apoyaría, incluso con recursos económicos, toda iniciativa para “renaturalizar” la parcela y reparar lo que se ha hecho hasta ahora, siempre que el ayuntamiento retirara la licencia al hotel. Esta declaración, llena de contradicciones, parece más un intento de “quedar bien” que un compromiso realista. Desde luego, a la fecha, el Cabildo no ha llevado a cabo ningún acto concreto. De hecho, salvo la autorización turística provisional que concedió en 2016 previa a la licencia, no consta que haya abierto ningún expediente sobre este asunto.
El Gobierno de Canarias, por su parte, ha mantenido una conducta variable según el partido que lo dirigía. En la legislatura 2015-2019 (Fernando Clavijo) apenas se prestó atención al asunto, más allá de emitir en sentido favorable el informe preceptivo en materia de costas. Sin embargo, en el periodo 2019-2023 (Ángel Víctor Torres), el Consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad, José Antonio Valbuena, mostró, al menos en sus declaraciones, una posición muy combativa contra la construcción del hotel, a pesar de que, cuando ocupaba el cargo equivalente en el Cabildo, se lavó las manos argumentando la legalidad de la actuación. En el proceso de revisión del deslinde, instó a Costas a que estableciera la servidumbre en 100 metros, firmando un informe en el que sostenía que el suelo era urbanizable y no urbano cuando entró en vigor la Ley de Costas. Pidió también que se paralizaran las obras (como efectivamente hizo Costas) y aseguró en unas declaraciones que, si el gobierno del que formaba parte hubiera llegado un año antes, el hotel no se construiría, al mismo tiempo que pedía que revisara el proyecto “de cabo a rabo” para evitar un desastre. El Gobierno pasó de las palabras a los hechos cuando solo un mes después de aprobado el nuevo deslinde (el 14 de marzo de 2022), la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ordenó la demolición de las obras realizadas en la zona de servidumbre ampliada, orden que recurrió la promotora y fue anulada por la sentencia 317/2023 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La iniciativa más relevante que parece ser que adoptó el anterior Gobierno de Canarias fue plantear la adquisición de la parcela del hotel, amparándose en la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española (2017). Este documento, que es como su nombre dice una estrategia y, por tanto, no vinculante, contempla como una de sus medidas, en efecto, la adquisición de terrenos que puedan verse afectados por el cambio climático para incorporarlos al dominio público marítimo terrestre, pero la supedita al análisis de la viabilidad legal y económica. Desconozco si esta iniciativa del Gobierno contó con informes justificativos de la procedencia de la adquisición de esa parcela en base al cambio climático. Tampoco se sabe hasta el momento si la Consejería de Valbuena inició realmente un expediente para la adquisición de los terrenos (el actual Gobierno lo ha negado). Lo que sí parece verdad es que, al menos, hubo conversaciones al respecto con la propiedad e incluso se publicó en prensa el precio que habría de pagarse (unos 26 millones de euros, según una tasación de la empresa).
El Gobierno resultante de las últimas elecciones, presidido nuevamente por Fernando Clavijo, ha abandonado la actitud combativa (e infructuosa) del anterior. No obstante, ante la presión ciudadana y mediática (especialmente después de la manifestación del 20 de abril), ha intentado expresar una actitud favorable a la “renaturalización” de la parcela, pero siempre en el marco legal y evitando “mojarse”. El 8 de mayo de 2024, el Parlamento de Canarias rechazó una proposición no de Ley del grupo socialista para adquirir el inmueble de La Tejita. Días antes, Clavijo había declarado que convocaría al Ayuntamiento para analizar qué planes tenía respecto al hotel, insistiendo en que las medidas había de adoptarlas Granadilla porque el Gobierno no era competente. Poco después, ante la propuesta de la alcaldesa de que el Gobierno de Canarias comprara la parcela (propuesta con la que parece que estaba de acuerdo el promotor), el Presidente rechazó la petición alegando que el dinero público no está para comprar hoteles y sugiriendo que lo pagara el Estado; aún así, dijo que estaba dispuesto a colaborar, a ayudar y a acompañar, pero no a corregir errores del ayuntamiento. Tras este rifirrafe de hace unos meses parece que el asunto se ha apagado (al menos en cuanto a su presencia en los medios), me imagino que para alivio del Gobierno, el cual, en todo caso, tiene asuntos más preocupantes en su agenda cotidiana.
Queda por referirse, para acabar con este repaso a los protagonistas, al comportamiento de la Administración del Estado, que se concreta en la actuación de la Dirección General de Costas y del Servicio Periférico de Santa Cruz de Tenerife. De entrada, como ya he dicho, informó favorablemente la licencia, de acuerdo al deslinde vigente entonces. Posteriormente, a instancias de las asociaciones ecologistas, inició su revisión (29 de enero de 2019). El 13 de junio de 2019, a partir de un acta de inspección, el Servicio Periférico de Costas requirió a la empresa que paralizara las obras porque ocupaban el DPMT de acuerdo al nuevo deslinde (todavía provisional). Un mes después, tras marcar el nuevo deslinde sobre el terreno, se comprobó que las obras no afectaban al DPMT, pero sí a la servidumbre de protección. Este requerimiento fue declarado nulo de pleno derecho por sentencia 2487/2021 de 28 de junio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No obstante, el 22 de junio de 2020 (antes de la sentencia anterior), el Ministerio por resolución ordena como medida cautelar la paralización de las obras en DPMT y en servidumbre de protección. No he encontrado que esta segunda paralización fuera recurrida. El pasado febrero, tras varias sentencias favorables, la empresa reanudó las obras. Ante las denuncias de SLT, el Jefe del Servicio Provincial de Costas requirió de nuevo la paralización de las obras en la ampliación del dominio público en abril, argumentando que necesita una nueva autorización y advirtiendo que impondría sanciones a la promotora de no cumplirlo. Que yo sepa, ni las obras se han parado ni Costas ha adoptado medidas.
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